sábado, 7 de marzo de 2009

4 de Marzo del 2009

Crímenes de guerra: «…asesinato, malos tratos hacia la población civil, prisioneros de guerra, personas en alta mar o rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar…»

Crimen de lesa humanidad: “…ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización…”

Genocidio: “…exterminio o eliminación sistemática intencionada de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad…”

Al leer éstas definiciones, rescatadas de distintas fuentes de la red, y establecidas según los estatutos del Tribunal de Nurenberg de 1945, formado tras la 2ªGM para juzgar a los nazis, consolidadas a posteriori por las Convenciones de Ginebra en 1949, en las que se determinan las leyes del derecho internacional humanitario, y firmadas por 139 países en los estatutos de Roma de 1998, siendo ratificadas por 108, entre los cuales, no está de más saber, que no constan ni Sudán, ni Israel, ni Estados Unidos, es difícil diferenciar tras una lectura en diagonal entre cada una de las tres, a menos que se quiera profundizar en la cuestión. Tras intentarlo, diría que las palabras marcadas en negrita representan matices relevantes a la hora de distinguirlas. En cualquier caso, como ya sabréis, Omar Hassan Al Bashir, Presidente de la República de Sudán, ha sido declaradazo culpable por el Tribunal Penal Internacional de la Haya, por haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en la región de Darfur, al oeste del país que “gobierna”.

Con respecto a la culpabilidad de genocidio, existe un debate del que forma parte el mismo fiscal del TPI, el argentino Luis Moreno Ocampos, que estudiará recurrir la resolución de los jueces del Tribunal. Al parecer, no se declara tal culpabilidad al no tratarse de una exterminación con total intención (ya que hubiera seguido con ella de manera continua) ni contra un grupo social determinado (ya que ha atentado contra varias tribus sin existir una determinación específica). El debate está en el aire y es complejo. Pero lo determinante de la decisión, con carácter influyente, es que se ha juzgado por primera vez en el derecho internacional humanitario, a un presidente en vigor. Las consecuencias están por ver.


Una de las tantas pancartas que hay, en francés e inglés, en el aeropuerto de Jartum:

Ocampo's conspiracy is:
a desperate attempt to humilliate the sudanese people
Al-Bashir is the symbol of our pride and dignity

En principio, dado que el gobierno sudanés ya ha declarado que no colaborará, como estaba previsto, y que considera el juicio un acto colonialista motivado por intereses occidentales (interés político de Francia apoyando al Chad y a los rebeldes de Darfur, castigo de Estados Unidos ante la “falta de disciplina” para con el FMI y demás instituciones y organismos internacionales de DD.HH., automedallita de Ocampos, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81819, etc…), en pocas semanas cualquier país perteneciente a las NN.UU. o signatario del Tratado de Roma (que son en total casi la gran mayoría de países del mundo), tendrá la obligación de detener a Bashir en cuanto éste pise su territorio. Visto así, tiene difícil mantenerse en el gobierno por mucho tiempo teniendo en cuenta que además todos los ojos de la Comunidad Internacional siguen puestos en Darfur, que probablemente empeorará desde el punto de vista tanto militar como humanitario, perjudicando aún más si cabe la imagen del gobierno sudanés, y que están previstas unas elecciones generales para 2009. No obstante, parece que no pretende irse y que, todo esto no ha hecho más que endurecer su posición como hemos comprobado al ver la expulsión de 13 organizaciones humanitarias de Darfur.

Mientras tanto, la situación en Jartum es más tranquila de lo que los medios de comunicación indican. Las manifestaciones apenas han tenido repercusión en cuanto a la estabilidad y seguridad de la ciudad, y los extranjeros, alertados por sus respectivas embajadas, siguen la vida con normalidad sufriendo solamente alguna mirada más de odio (justa o justificada, o no) o algunos daños materiales insignificantes en sus oficinas (OO.II., embajadas y demás).

La decisión era de esperar y había sido preparada con cautela por todos los agentes implicados en ella. Los sudaneses están tranquilos, y pese a que parezca que por lo general se discrepa con la decisión del TPI y se defiende al presidente (sobretodo cuando Shimon Peres, actual presidente de Israel, es culpable, no declarado, de los mismos crímenes), esto no ha supuesto por el momento, ni se espera que así sea, señal de violencia alguna en las calles.

No dejeis de leer el artículo que encontrareis al clickar en el link que hay más arriba a cerca de la neutralidad, imparcialidad o arbitrariedad de la que presume el TPI.